Los representantes de las empresas y los trabajadores del transporte han pedido a la Comisión Europea que acelere las medidas para extender la red de aparcamientos seguros para camiones. La IRU (Organización Internacional del Transporte por Carretera), la Federación Europea de Trabajadores del Transporte (ETF) y la Organización Europea de Aparcamiento Seguro han enviado una carta conjunta a la vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Europea para los Derechos Sociales, Roxana Mînzatu, instando a que se adopten medidas concretas para acelerar el desarrollo de estas zonas.  

Mînzatu visitó hace solo dos semanas varias áreas de aparcamiento y aseguró que "disponer de aparcamientos seguros no es solo una cuestión logística, sino que se trata de garantizar la dignidad, la seguridad y el respeto de los conductores". 

Barreras

Las tres organizaciones que firman la carta destacan dos desafíos fundamentales que impiden el progreso de los aparcamientos: las persistentes barreras para obtener permisos locales y la falta de financiación consistente a largo plazo. La directora de la IRU para la UE, Raluca Marian, subraya que se necesita "una acción firme de la UE para reducir la burocracia a nivel regional, apoyar la financiación y agilizar los proyectos donde más se necesitan".   

La carta describe cómo el déficit de estacionamiento de camiones de la UE, estimado actualmente en 390.000 espacios seguros y proyectado para alcanzar 483.000 para 2040, continúa amenazando el bienestar de los conductores, la resiliencia de la cadena de suministro y el funcionamiento del mercado interior.  

Las organizaciones piden a la Comisión que trabaje con los Estados miembros para priorizar el estacionamiento de camiones en la planificación espacial, agilizar los procesos de autorización y colaborar con las comunidades locales.  

La carta conjunta también destaca la importancia de una financiación plurianual y predecible de la UE para apoyar tanto la construcción como la modernización de las zonas de aparcamiento de camiones existentes. Los firmantes de la carta creen que esta financiación debe depender directamente del presupuesto general de la UE, es decir del Marco Financiero Plurianual, a través del próximo Mecanismo Conectar Europa.