Nuestra ministra para la transición energética, Teresa Ribera, nos ha dejado sorprendidos y preocupados a  muchos durante la celebración de la COP28 en Dubái con una declaración de intenciones que podría tener consecuencias inquietantes para un país como el nuestro con tanta dependencia del sector primario y del transporte por carretera: eliminar las subvenciones a los combustibles fósiles antes de 2030. Una iniciativa liderada por Países Bajos que España también ha firmado junto a Francia, Irlanda, Austria, Dinamarca, Finlandia, Luxemburgo, Bélgica, Canadá y Costa Rica. Erradicar las ayudas públicas a cualquier tipo de combustible con origen fósil, básicamente carbón, gas, gasolina y gasóleo (A, B y C), supone para todos estos sectores un jarro de agua fría ya que elevaría, por si fuese poco lo que ya vivimos, los costes.

En el caso de nuestro sector, el ‘gasóleo profesional’ es una bonificación fiscal que desde 2007 se calcula por la diferencia respecto del impuesto de hidrocarburos que se aplica al gasóleo de uso particular y del que actualmente son beneficiarios, entre otros, los transportistas para sus camiones de más de 7,5 toneladas de masa máxima. Esta exención impositiva es 49 euros por cada 1.000 litros de combustible hasta un consumo máximo de 50.000 litros por vehículo y año, es decir, 2.450 euros por vehículo.

A finales de 2021 el Gobierno ya barajó su intención de eliminar el ‘gasóleo profesional’ para el transporte por carretera, como recogía el Plan de Recuperación y Resiliencia que envió a Bruselas unos meses antes. Una amenaza que finalmente no cumplió después de que patronales como la nuestra le recordaran al Ejecutivo el compromiso adquirido con el sector en junio de 2020 que incluía diez reivindicaciones, entre las que se encontraba el mantenimiento de esta bonificación e incluso estudiar su posible extensión a los vehículos de transporte de menor tonelaje.

Eliminar el marco regulatorio del ‘gasóleo profesional’ requeriría la unanimidad de todos los Estados miembros de la UE, como ocurre con el resto de Directivas europeas, pero con el actualmente en vigor cada Estado Miembro puede optar por reducir su cuantía o eliminarlo. Por lo que las palabras de la ministra Ribera durante la reciente Cumbre del Clima hacen que debamos ponernos en “posición de alerta”.

El argumento en el que estos once países, incluyendo España, se basan para erradicar estos subsidios es que subvencionar el uso del diésel y otros combustibles fósiles es contradictorio con una política de sostenibilidad medioambiental. En este punto quizás sería conveniente recordar que hoy en día el transporte pesado de larga distancia por carretera no dispone de otra alternativa viable al gasoil y al gas natural para poder realizar los servicios de transporte que la sociedad le demanda, a excepción de los combustibles renovables, que hoy por hoy no cuentan con la seguridad jurídica necesaria para acometer las grandes inversiones que se requieren.

Cualquier objeto, alimento, medicamento o producto que utilizamos en nuestro día a día e, incluso, algunos más primordiales como el material sanitario, tienen un denominador común: todos viajan en camión cientos y miles de kilómetros desde su punto de producción hasta su lugar de entrega. Una “coreografía” logística compleja que funciona los 365 días del año, día y noche, que nos permite mantener el estilo de vida actual en cualquier parte del territorio, por más urbano o rural que pueda ser.

Este sector tan estratégico para la economía y el bienestar de la sociedad se encuentra actualmente sumido en un escenario de incertidumbre debido a una transición energética forzada hacia la electromovilidad. Esta preocupación se agrava aún más por unos plazos prácticamente imposibles de cumplir y la falta de infraestructuras de apoyo a esta transición.

Según la Ley Climática Europea, que estableció en 2021 la ruta a seguir para reducir, al menos, un 55% las emisiones de gases de efecto invernadero para 2030, en menos de siete años España debería contar, como mínimo, con cinco millones de vehículos eléctricos o híbridos enchufables. De esa cifra, dos millones deberían ser motocicletas, camiones, autobuses y furgonetas.

Sin embargo, si echamos un vistazo a los datos de camiones matriculados en la UE en 2022, nos daremos cuenta de que los objetivos establecidos por Bruselas son demasiado ambiciosos: el 96,6% de los camiones vendidos en la UE funcionaban con diésel; sólo el 0,6 % fueron eléctricos (1.656 unidades). Y España se sitúa en el furgón de cola de los 27 con 89 camiones eléctricos vendidos el año pasado.

El presidente de la recientemente clausurada COP28 ha sido duramente criticado por muchos por una declaración en la que afirmaba que si queremos mantener el estado de bienestar en los niveles actuales resulta imposible erradicar los combustibles fósiles en los plazos establecidos. Personalmente creo que es una aseveración bastante sensata y acertada. Los dirigentes políticos y la sociedad tienen que ser conscientes de que las metas y los plazos establecidos no son alcanzables y pueden desembocar si se fuerza demasiado la máquina, en pérdidas de competitividad muy dañinas, por lo que entre todos deberemos plantear otros más realistas. Por el bien de todos.