CCOO vuelve a elevar el tono por la jubilación anticipada de los conductores profesionales y reitera su llamada a la huelga nacional del transporte "si el Gobierno no la desbloquea". Esta semana se cumplen los seis meses desde que los sindicatos, junto a la patronal, pidieron a la Seguridad Social aplicar a los conductores los coeficientes reductores en la edad de jubilación, el mecanismo que se aplica a las profesiones penosas, peligrosas o tóxicas para adelantar la jubilación según los años cotizados.
Patronal y sindicatos tienen constancia que la Seguridad Social ha admitido la petición para los conductores profesionales de mercancías (tramita conjuntamente la solicitud para asalariados y la de autónomos, que presentó Fenadismer). Saben que trabaja en el informe de mortalidad y morbilidad, que es solo el primero de los cuatro, puesto que también deben redactar su informe el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, Inspección de Trabajo y una Comisión de Evaluación. Y cada uno de los informes debe ser remitido a los solicitantes (es decir, a sindicatos y patronal) para que hagan sus apreciaciones.
El problema es que una vez transcurridos los seis meses desde la solicitud, si no ha "recaído resolución expresa se entenderá desestimada". Ese plazo vence este jueves y es imposible que se completen todos los trámites. "Para el sector de Carretera y Logística de CCOO, esta situación sería inasumible, por lo que iniciaríamos contactos con el resto de organizaciones sectoriales, tanto de trabajadores asalariados como de autónomos y empresas, para consensuar un calendario de movilizaciones que sin duda desembocará en una convocatoria de huelga general de todo el transporte en España", amenaza el sindicato en una nota de prensa.
Francisco Vegas, secretario general del Sector de Carretera y Logística de CCOO, defiende que: "Los trabajadores estamos cumpliendo escrupulosamente con todos los requisitos legales. Pero quien incumple de nuevo, concretamente el artículo 22 de su propio reglamento [de los coeficientes reductores, que indica que la resolución se debe dar en seis meses], es el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones".
Vegas considera que con el vencimiento del mes de abril, vence el plazo de los seis meses y ello les sitúa "ante un nuevo obstáculo que puede suponer un callejón sin salida ya que, aunque la Administración puede resolver una vez vencido el plazo y seguir tramitando los expedientes, la realidad es que el artículo 22 [del reglamento de coeficientes reductores] establece que, transcurrido el plazo sin que haya recaído resolución expresa, se entenderán desestimadas las solicitudes".
Ampliar plazos
En una conversación la semana pasada con Ruta del Transporte, Vegas defendía que la Seguridad Social puede publicar alguna clase de escrito en la que deje negro sobre blanco que amplía los plazos: "Al menos eso nos dejaría algo más tranquilos".
