El 30 de abril se cumplen seis meses desde que sindicatos y patronal registraron en la Seguridad Social la petición para aplicar los coeficientes reductores a los conductores profesionales del transporte de mercancías, que de concederse adelantarán la edad de jubilación de estos trabajadores conforme a los años cotizados. Según el reglamento que regula los coeficientes, esa es la fecha máxima para que la Seguridad Social resuelva si los concede o no, pero los sindicatos CCOO y UGT –que firmaron la solicitud junto con la patronal sectorial CETM– dan por hecho que se sobrepasará y advierten que irán a la huelga si hay un silencio administrativo (falta de respuesta de la Administración que se interpreta como que deniega la solicitud).
"La amenaza de huelga está más latente que nunca", advierte Francisco Vega secretario general del sector de carretera y logística de CCOO: "Entendemos la complejidad [del proceso que tiene que llevar a cabo la Seguridad Social] y que se tarde, pero no entendemos los silencios. [La jubilación anticipada] es una medida que el sector necesita y si no tenemos una resolución al respecto, pues las movilizaciones están bastante cerca".
Vega señala que los propios sindicatos saben que la Seguridad Social ya ha dado los primeros pasos para llegar a esa resolución, pero "para no caer en un silencio administrativo" le pide que comunique por escrito que amplía los plazos: "Tenemos la constancia de que se está trabajando, pero la norma dice que en seis meses se tiene que emitir una resolución. Eso se va a incumplir. Esperamos que emitan un documento [sobre la ampliación de fechas] que al menos nos tranquilice".
Diego Buenestado, secretario sectorial de Carreteras, Urbanos y Logística de UGT, se muestra menos comprensivo. Para él, la Administración no ha hecho los deberes. Recuerda que uno de los primeros pasos que debe dar la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social es elaborar un informe de morbilidad y mortalidad. Es una parte del proceso a la que Buenestado le da mucha importancia: "No es que ese informe vaya a decir ya si los coeficientes reductores se deniegan o se aprueban, pero seguramente dejará muy marcado el camino: si se cumplen los parámetros que indica el reglamento entiendo que sí se concederán, por eso queremos tener los informes".
Los solicitantes de los coeficientes reductores saben que hace días que se ha comenzado a preparar ese informe, pero todavía no se les ha remitido. Cuando se finalice, sindicatos y patronal tienen un plazo de diez días para presentar sus alegaciones. Pero ese informe, aunque decisivo, no será el último paso para saber si se aprueba la jubilación anticipada a los conductores profesionales; basándose en él, el Instituto Nacional de Seguridad y Salud y la Inspección de Trabajo y Seguridad Social también tendrán que redactar los suyos propios. Y posteriormente (y con las alegaciones que puedan hacer sindicatos y patronal) todo esto será tenido en cuenta por una comisión de evaluación. Unos pasos que hacen imposible pensar que la resolución final vaya a estar en la fecha establecida y que deja a los representantes de los trabajadores a las puertas de convocar movilizaciones.
Lentitud y trabas
Los sindicatos ya han dejado claro que llamarán a la huelga si no se otorgan los coeficientes reductores. Hace meses que alertan sobre esta posibilidad y en febrero elevaron el tono contra la "lentitud" y las "trabas" del Gobierno. Ese mes, la Seguridad Social les requirió facilitar "la identificación fiscal (NIF) de las personas incluidas en el colectivo de transporte por carretera de mercancías y de viajeros [también han pedido la jubilación anticipada para este colectivo, pero se tramita en otro expediente] que presten o hayan prestado servicio durante el periodo 2018-2025". Para los sindicatos era un obstáculo innecesario, puesto que la Administración ya tenía esos datos. Finalmente, tanto el Ministerio de Transportes como el SEPE se comprometieron a facilitar esos datos a la Seguridad Social, pero este episodio ya dio una idea de la desconfianza que muestran los representantes de los trabajadores a que se apruebe la jubilación anticipada.
