Tras más de año y medio atascada en el Congreso, el proyecto de ley de Movilidad Sostenible se juega su aprobación este miércoles en el pleno. Tiene asegurado el rechazo de PP, Vox y casi seguro del diputado de Unión del Pueblo Navarro, que suele votar con el PP. Esto supone que 171 diputados de los 350 votarán en contra del proyecto y necesita, al menos, de la abstención de los cuatro escaños de Podemos para que no sea devuelto al Ejecutivo.
La líder de Podemos, Ione Belarra, se ha mostrado abierta a negociar una abstención, según recoge la agencia Efe, pero ha subrayado que este martes siguen "en el no", porque el ministro de Transportes, Óscar Puente, no la ha llamado: "Ayer el ministro Puente me dijo que me llamaría hoy y todavía no lo ha hecho, de lo cual deduzco que el Gobierno no está especialmente preocupado por sacar adelante esta ley", ha dicho Belarra en declaraciones recogidas por Efe. El impedimento que Podemos esgrime para no votar a favor es ajeno a la ley y tiene que ver con la exigencia de que el Gobierno paralice la ampliación del aeropuerto del Prat y del puerto de Valencia, ya que, a su juicio, es incoherente aprobar esta ley al tiempo que se mantienen esos proyectos.
En el apartado del transporte de mercancías, la ley de Movilidad Sostenible obligará –si se aprueba– a que el documento de control del transporte de mercancías sea digital a los diez meses de que entre en vigor. La norma también persigue fomentar el transporte ferroviario de mercancías y mandata a las administraciones públicas competentes a "velar por la correcta instalación de zonas de estacionamiento seguras y protegidas".
En todo caso, la la digitalización obligatoria de los documentos de control será una realidad con ley de Movilidad Sostenible o sin ella. Y es que el Ministerio de Transportes ya trabaja en un decreto que no requiere tramitación parlamentaria para establecer esta obligación. Se trata de un decreto que también generalizará la formación virtual del CAP (Certificado de Aptitud Profesional) y que está abierto a participación pública hasta el 13 de octubre.
Presiones para que Podemos se abstenga
El objetivo inicial del Gobierno era que la ley de Movilidad Sostenible se aprobara a inicios de la legislatura. La presentó en el Congreso en febrero de 2024, apenas tres meses después de que Óscar Puente tomara posesión como ministro. En la legislatura pasada, con Raquel Sánchez como ministra, ya se había llevado a la cámara Baja, pero la convocatoria anticipada de elecciones hizo que decayera su tramitación.
Ahora, varios partidos del bloque de investidura presionan a Podemos para que no la dejen caer. Además, 15 entidades de la sociedad civil, entre las que están los sindicatos UGT y CCOO y la ONG Greenpeace, han hecho público un comunicado en favor de su aprobación.
