Las autoridades europeas de control del transporte por carretera han intensificado en los últimos meses la aplicación de las sanciones previstas para los vehículos que realizan transporte internacional sin disponer del tacógrafo inteligente de segunda generación (G2V2) debidamente homologado, tal y como exige la normativa comunitaria actualmente en vigor. Esta mayor severidad en los controles responde al objetivo de reforzar la seguridad vial, garantizar unas condiciones de competencia equitativas entre las empresas del sector y asegurar el cumplimiento de la legislación sobre tiempos de conducción y descanso.

Según la información difundida por Froet, esta intensificación de las inspecciones ya está teniendo un impacto directo y tangible en empresas transportistas y conductores profesionales que aún no han adaptado sus flotas a los nuevos requisitos técnicos. Las autoridades de distintos países están priorizando los controles en rutas internacionales y pasos fronterizos, donde la obligación del tacógrafo inteligente G2V2 es plenamente exigible, lo que ha incrementado el número de expedientes sancionadores abiertos en las últimas semanas.

En el caso de España, el incumplimiento de la obligación de equipar el tacógrafo inteligente de segunda generación puede dar lugar a sanciones administrativas de hasta 2.001 euros. Además de la multa económica, la normativa contempla la inmovilización inmediata del vehículo hasta que se subsane la irregularidad. En los supuestos más graves o reiterados, esta infracción puede afectar a la honorabilidad de la empresa transportista, un requisito esencial para el ejercicio de la actividad, con las consiguientes consecuencias administrativas y la posible pérdida de autorizaciones.

La situación resulta aún más gravosa en otros países de la Unión Europea, donde el marco sancionador es especialmente severo. En Italia, por ejemplo, las multas por circular sin el tacógrafo homologado oscilan entre 866 y 3.464 euros. A estas cuantías se suma la posible suspensión del permiso de conducción por un periodo de entre 15 días y tres meses, así como sanciones adicionales dirigidas al titular del vehículo. La normativa italiana también obliga a regularizar el equipo en un plazo máximo de diez días, bajo amenaza de nuevas penalizaciones.

En Francia, el régimen sancionador es uno de los más duros del entorno europeo. Circular sin el tacógrafo inteligente exigido puede acarrear multas de hasta 30.000 euros, la inmovilización del vehículo y, en los casos más graves, penas de hasta un año de prisión. Estas medidas reflejan la firme voluntad de las autoridades francesas de combatir cualquier incumplimiento relacionado con el control de la actividad del transporte por carretera.

La guía elaborada por VDO, citada por Froet, recoge igualmente sanciones de elevada cuantía en otros Estados miembros. En Eslovaquia, las multas pueden alcanzar los 16.596 euros, mientras que en Países Bajos las sanciones administrativas llegan hasta los 4.400 euros. En Alemania, la infracción se castiga con multas de hasta 1.500 euros, y en Austria las penalizaciones pueden ascender a los 5.000 euros, en función de la gravedad y las circunstancias del caso.

Ante este escenario, las organizaciones del sector insisten en la necesidad de que las empresas transportistas revisen de forma urgente la situación de sus vehículos y procedan a la adaptación al tacógrafo inteligente G2V2, evitando así sanciones que pueden tener un importante impacto económico y operativo. La entrada en vigor efectiva de los controles demuestra que la normativa ya no es una mera obligación formal, sino una exigencia plenamente aplicable en toda la Unión Europea.