Las ayudas directas a una actividad empresarial (como el transporte), están generalmente prohibidas por el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, salvo en casos de riesgos económicos inesperados. Y es precisamente lo que ha preguntado la Comisión Europea a los Estados miembros: su opinión sobre medidas de ayuda estatal para apoyar la economía de la UE en el contexto de la crisis de Oriente Próximo. 

La Comisión ha consultado a los países de cara a una reunión informal del Consejo que tendrá lugar el 23 y 24 de abril en Chipre "para recabar sus puntos de vista sobre un marco específico y temporal para hacer frente a los efectos de la crisis en algunos de los sectores más expuestos de la economía, como la agricultura, la pesca, el transporte por carretera y el transporte marítimo de corta distancia dentro de la UE", explica la Comisión en una nota de prensa. 

Desde que estalló la guerra en Irán y los precios del combustible comenzaron a escalar, los transportistas han exigido, entre otras medidas, ayudas directas –es decir, ayudas de Estado– como las que se aprobaron tras la guerra en Ucrania. De hecho, cuando el Gobierno no aprobó el 20 de marzo ayudas directas para todos los vehículos en su primer paquete de medidas por la crisis, los transportistas llegaron a plantear movilizaciones.

Este viernes, la principal patronal del transporte por carretera en España, CETM, ha "valorado positivamente" la apertura de la Comisión Europea a las ayudas de Estado, pero "considera imprescindible que dicho marco se apruebe con la máxima urgencia y se traduzca en medidas eficaces de apoyo al transporte de mercancías por carretera".

CETM argumenta que las empresas del sector vienen soportando, desde el inicio de la crisis derivada de la guerra en Irán, "un incremento sostenido y extraordinario de los costes operativos, especialmente en materia de combustible. Esta situación ha provocado la acumulación de pérdidas significativas en el tejido empresarial del transporte, comprometiendo seriamente la estabilidad económica de numerosas compañías, con independencia de su tamaño".

Nuevo decreto

Este mismo jueves, 16 de abril, ha entrado en vigor el decreto ley que pretende blindar que el coste del gasóleo se traslade a los cargadores. Los transportistas han acogido la nueva ley con optimismo, pero CETM argumenta que resulta insuficiente para compensar los sobrecostes asumidos durante las semanas previas a su entrada en vigor.

Por ello, la Confederación considera imprescindible la articulación de ayudas directas que permitan recuperar la tesorería perdida durante el periodo comprendido entre el inicio de la crisis y la implementación efectiva de los nuevos mecanismos de revisión de precios. También exige que las ayudas no impongan límites máximos "que excluyan a una parte relevante del sector, dado el carácter generalizado del impacto". Y es que la conocida como ley de minimis no permite que una empresa reciba más de 300.000 euros en subvenciones.