Cuatro asociaciones que representan a empresas de la cadena de suministro han dirigido una carta a la Comisión Europea para dejar claro su rechazo a la posibilidad de que se les imponga comprar un determinado número de camiones eléctricos. Una medida que a principios de año no impuso Bruselas en su hoja de ruta para el sector automovilístico y la descarbonización de flotas, pero dejó la puerta abierta a hacerlo en una propuesta legislativa que prepara para finales de año.

Antes de que llegue esa propuesta, IRU (la Organización Internacional del Transporte por Carretera), Clecat (Asociación Europea de Servicios de Transporte, Logística y Aduanas), el Consejo Europeo de Cargadores y la Alianza Mundial de la Cadena de Frío han advertido por carta que "los mandatos basados ​​en la demanda ralentizarían el progreso impulsado por el mercado y crearían una presión innecesaria sobre los operadores y cargadores".

Las cuatro asociaciones argumentan que la electromovilidad avanza porque, a pesar de que las ventas totales de camiones han disminuido en lo que va de 2025, las de cero emisiones han crecido. Sin embargo, los propios fabricantes de camiones –representados por ACEA– explican que solo el 1,5% de los nuevos camiones pesados son eléctricos, un porcentaje que debería llegar al 33% para cumplir los objetivos de Bruselas. En lo que coinciden cargadores, transportistas y fabricantes de vehículos es en que "las redes de carga, la capacidad de la red y la asequibilidad de los vehículos siguen siendo obstáculos importantes". 

Raluca Marian, directora de la IRU para Europa, lo resume así: "Compartimos los objetivos climáticos de la UE. Pero el verdadero progreso se logrará mediante condiciones propicias, no mediante obligaciones punitivas. Ahí es donde se necesita la acción de la UE". Los firmantes advierten que la fijación de objetivos vinculantes de compra o uso impondría "cargas desproporcionadas" a las empresas que realizan transporte por carretera, en particular a las pymes y microempresas: "El aumento en cascada de los costes de cumplimiento a lo largo de la cadena de suministro afectará a las empresas más pequeñas, con menor capacidad para absorberlos".

También señalan que varios segmentos del transporte, como la logística de la cadena de frío, la construcción y el transporte de productos químicos, enfrentan barreras técnicas y operativas específicas para la electrificación, lo que hace que un mandato único para todos sea poco práctico y económicamente perjudicial.