Impulsar la mejora de las condiciones laborales de nuestros trabajadores no es solo una cuestión de responsabilidad empresarial; también es una necesidad estratégica para garantizar la sostenibilidad y el futuro del transporte por carretera. Desde hace años, quienes formamos parte de esta patronal hemos demostrado reiteradamente nuestro compromiso con el bienestar de los profesionales que cada día sostienen con su esfuerzo la cadena logística, muy en particular con los conductores, colectivo que, por otra parte, encierra una enorme variedad de condiciones.

Prueba de ello son iniciativas concretas como la implementación en España de ‘El Conductor Al Frente’, un acuerdo internacional impulsado por la IRU, los cargadores y los sindicatos europeos, que busca situar al conductor en el centro de la actividad del transporte. Lamentablemente, los sindicatos de nuestro país siguen sin querer sumarse a este esfuerzo colectivo, una actitud difícil de entender si tenemos en cuenta que la mejora de las condiciones laborales es -o debería ser- una causa común.

No basta con reunir a patronales y sindicatos [para pactar los coeficientes reductores en la edad de jubilación], es imprescindible contar también con los responsables de la Seguridad Social, del Ministerio de Trabajo y de la cartera de Transportes

A esta y otras iniciativas, como la plataforma Truck Friendly Movement, se suma una medida histórica: la prohibición de que los conductores carguen y descarguen las mercancías de sus camiones. Desde 2022, España es, junto con Portugal, el único país del mundo que ha incorporado esta protección en su legislación. Un ejemplo tangible de que el avance en derechos laborales es posible cuando se actúa con responsabilidad, diálogo y visión de futuro.

En relación con la jubilación anticipada de los conductores profesionales, nuestra postura es clara: consideramos plenamente legítimo que se estudie su implantación. Ahora bien, no podemos instar formalmente a la Administración a iniciar los procedimientos necesarios para aplicar los coeficientes reductores sin disponer antes de estimaciones rigurosas -consensuadas con los ministerios competentes- sobre el impacto económico que ello tendría en las cargas sociales, tanto para las empresas como para los propios trabajadores. Tampoco contamos aún con una aproximación fiable del número de profesionales que podrían acogerse a este beneficio ni los condicionantes que habrían de reunir para tener derecho a ello.

Siempre hemos sostenido que en este tipo de negociaciones deben estar presentes los representantes de la Administración. No basta con reunir a patronales y sindicatos, es imprescindible contar también con los responsables de la Seguridad Social, del Ministerio de Trabajo y de la cartera de Transportes. Solo así se podrán evaluar con rigor los efectos de cualquier cambio normativo y diseñar las medidas compensatorias necesarias, especialmente en lo relativo a la cobertura de vacantes o al impacto sobre el empleo.

Se trata de actuar con rigor y responsabilidad. La sostenibilidad del sistema depende de que las decisiones se basen en datos, análisis y previsiones serias, no en impulsos o acuerdos parciales.

"Profesión penosa"

Resulta también necesario detenerse a reflexionar sobre el lenguaje que se utiliza en este debate. Calificar de forma general la labor de los conductores como “penosa y peligrosa” puede parecer un atajo retórico útil para justificar determinadas reivindicaciones, pero en realidad se trata de una definición simplista y, en última instancia, contraproducente. Etiquetar así a todo un colectivo puede perjudicar la imagen del sector, elevar los costes operativos e incrementar la conflictividad en la negociación colectiva o la litigiosidad laboral.

En definitiva, lo que está en juego no es solo el bienestar de los trabajadores -que, sin duda, debe ser siempre una directriz-, sino también la viabilidad de las empresas y la estabilidad de todo un sector esencial para la economía. Adoptar decisiones sin un análisis completo y sin la participación de todos los actores relevantes, incluido el Gobierno, sería una irresponsabilidad que podría derivar en consecuencias difíciles de asumir. Si las decisiones que hoy se tomen se revelaran insostenibles mañana, el precio lo pagaríamos todos: empresas y trabajadores por igual.

La mejora de las condiciones laborales de los conductores no debe abordarse con soluciones improvisadas: avanzar en los derechos de los profesionales de la carretera requiere análisis, cooperación y visión de futuro. Así construiremos un sector competitivo, sólido y verdaderamente respetuoso con quienes lo hacen posible, ya sea conduciendo camiones, creando y dirigiendo empresas, coordinando rutas, captando clientes etc. etc.