Una de las promesas estrella del actual Gobierno –la reducción de la jornada laboral que está fijada en 40 horas semanales desde 1983– se encuentra en punto muerto, atrapada en el bloqueo político y pendiente de los frágiles equilibrios parlamentarios. Aunque se presenta como una medida progresista y bienintencionada, orientada a mejorar la conciliación y el bienestar de los trabajadores, su aplicación indiscriminada entraña un riesgo grave para sectores estratégicos de nuestra economía y para la seguridad jurídica al ignorar miles de convenios colectivos que han sido negociados entre empresas y sindicatos y que están en vigor.

Una de las primeras consecuencias que su simple anuncio produjo en nuestro sector fue la paralización de la negociación del tercer acuerdo marco –que avanzaba a buen ritmo– puesto que los sindicatos ya no estaban interesados en seguir alcanzando acuerdos hasta que esa nueva norma no estuviese en vigor. Uno de los más amenazados es el transporte por carretera, “columna vertebral” del comercio exterior español. En lugar de ser una solución, esta reforma podría convertirse en un golpe letal para un sector esencial que ya opera al límite de su rendimiento y que compite con empresas de países a los que, obviamente, no afectaría la nueva “jornada laboral”.

España es, junto a Alemania, uno de los países de la UE cuyo Producto Interior Bruto (PIB) depende, en mayor medida, del comercio exterior. La mayoría de nuestras exportaciones se realiza por carretera; en camiones que recorren Europa desde nuestros puertos, fábricas y centros logísticos. Sin embargo, mientras Alemania se pregunta si está trabajando lo suficiente para salir de su estancamiento económico (el canciller alemán Friedrich Merz anima a sus compatriotas a esforzarse más, aludiendo al concepto “gewaltige kraftanstrengung” –“esfuerzo tremendo”–, trabajando más horas y de forma más eficiente), en España avanzamos hacia una reducción de jornada que comprometerá nuestra actual competitividad.

Nuestro país ocupa el puesto 40 de 67 en el Ranking de Competitividad Mundial 2024, elaborado por el International Institute for Management Development. Esta posición evidencia una debilidad estructural en nuestra economía, muy alejada de líderes como Singapur, Suiza o Dinamarca. En este contexto, resulta incomprensible que el Ejecutivo impulse una medida que, según informes de BBVA Research o Fedea, tendrá efectos negativos sobre la productividad, los costes laborales y, en consecuencia, sobre nuestro crecimiento económico.

En el caso del transporte por carretera, fijar la semana laboral, en 37,5 horas ignora las especificidades de este sector ya que se haría sin consenso con las organizaciones empresariales, sin tener en cuenta en definitiva las características propias de esta actividad nuestra (ni del resto) y, en resumen, atropellando la negociación colectiva. Negociación que, en palabras del presidente de CEOE, Antonio Garamendi, es probablemente uno de los mayores activos de la economía española.

Por ejemplo, con esa reducción de 2,5 horas por semana, un conductor de transporte pesado de larga distancia, recorrerá unos 8.000 kilómetros menos al año. Si proyectamos esta cifra a una empresa de 120 empleados, hablamos de un millón de kilómetros no cubiertos y una pérdida de facturación de más de un millón de euros anuales. Sin contar con los costes adicionales derivados de reorganizar turnos y desequilibrar las rutas –lo que puede llegar a pérdidas de clientes–, pagar más horas extra o contratar más personal, algo complicado en un sector que ya sufre una alarmante escasez de conductores de camión.

En lugar de medidas rígidas en un mercado como el labora, cada día más necesitado de flexibilidad y adaptabilidad, aquí se necesitan reformas que impulsen productividad y eficiencia. Cualquier cambio debería realizarse con rigor, diálogo y una planificación ajustada a la realidad económica.

La competitividad y la productividad no se logran con medidas que incrementan los costes sin mejorar la eficiencia; se logran con inversión, innovación, formación y un mercado laboral que combine derechos laborales con realidad empresarial. El transporte por carretera, que sostiene gran parte de nuestra economía exterior, no puede ser el campo de experimentación de políticas mal diseñadas.

Reducir indiscriminadamente la jornada laboral sin atender a estas consideraciones no solo debilita al transporte; es un golpe directo al corazón productivo del país. Un suicidio económico que no podemos permitirnos.