Es inusual la semana sin, al menos, una noticia de un conductor profesional que se deja la vida en la carretera. El ministerio de Trabajo recoge los datos en frío: de enero a junio han muerto 47 trabajadores del transporte terrestre durante su jornada laboral. A lo que hay que sumar otros cinco fallecidos camino al trabajo, según la estadística de accidentes laborales del ministerio.
Por número total, el transporte terrestre es la división de actividad con más fallecidos durante su jornada junto a las actividades de construcción especializada y por encima de las actividades extractivas, donde se encuentra enmarcada una profesión tan peligrosa como la minería. Si se tiene en cuenta el número de trabajadores de cada profesión, el transporte y almacenamiento (aquí el ministerio agrupa a todo tipo de transporte, no solo el terrestre) es la tercera actividad con más mortalidad laboral, por detrás de la construcción y de las actividades extractivas.
Hace casi un año que sindicatos y patronales del transporte acordaron solicitar la jubilación anticipada de los conductores profesionales a través de los conocidos como coeficientes reductores de la jubilación, puesto que entendían que la edad es un factor riesgo. Han esperado a que el Gobierno aprobara, en mayo de este año, una nueva regulación del procedimiento para acogerse a esos coeficientes y previsiblemente presentarán este mismo mes de septiembre la solicitud para que los camioneros puedan jubilarse con anticipación.
Será el ministerio de Seguridad Social, mediante una comisión de evaluación que todavía no está formada, quien finalmente decidirá qué profesiones pueden o no acogerse a estos coeficientes reductores, que adelantan el retiro según los años cotizados en actividades que se consideran penosas, peligrosas o tóxicas. Los representantes de los trabajadores siempre han esgrimido el número de muertos en carretera para justificar la necesidad de que los conductores profesionales accedan a este mecanismo.
Los sindicatos más representativos de la construcción –CCOO y UGT, los mismos que en el caso del transporte– presentaron en julio el expediente para que Seguridad Social estudie el caso de sus profesionales. Lo hicieron sin el beneplácito de las organizaciones empresariales representativas de su sector, mientras que CETM, la principal patronal del transporte, firmó el apoyo a los sindicatos de conductores, a cambio de otras medidas que se negocian en paralelo. La nueva regulación permite tanto a representantes de los trabajadores como de los empresarios presentar solicitudes para que una profesión acceda a los coeficientes, pero CCOO y UGT siempre han defendido que Seguridad Social les prestará más atención si van de la mano con CETM. En el caso de las actividades mineras, su Estatuto ya recoge desde hace años el acceso a los coeficientes reductores.
El caso concreto del transporte terrestre
Los sindicatos también suelen argumentar que otros trabajadores del transporte, como los pilotos de aviones o los maquinistas ferroviarios, ya acceden a los coeficientes reductores. Las estadísticas del ministerio muestran que de todos los trabajadores fallecidos en actividades de transporte y almacenamiento (56 personas), la mayoría, 47, estaban dentro de la división de transporte terrestre. Otros seis trabajadores estaban empleados en almacenamiento y actividades anexas al transporte. En las divisiones de transporte marítimo y aéreo no ha habido que lamentar víctimas mortales.
