En octubre, los clientes de los transportistas han tardado una media de 58 días en pagar a sus proveedores, según el informe mensual que elabora la federación de transportistas Fenadismer. Se trata del plazo mínimo, junto al que se anotó en agosto, y el segundo mes en muy poco tiempo que cae por debajo de los 60 días de máximo que marca la ley de morosidad.
Para Fenadismer, a lo largo de todo este este 2025 se viene confirmado una tendencia positiva en la reducción de los plazos de pago a los transportistas por parte de los cargadores. En el lado contrario, todavía el 50% de los clientes del transporte superan los 60 días en pagar. De entre estos morosos, el 81% de los casos son incumplimientos leves, esto es, entre 60 y 90 días.
Solo el 3% de empresas incumplidoras pagan con más de 120 días de retraso. Es un porcentaje muy inferior al de 2022, cuando el 20% de las empresas morosas pagaba en más de 120 días. Desde finales de 2021, en España se puede multar a las empresas cargadoras que superen los 60 días en pagar, un hecho que ha ido disminuyendo los plazos de pago en el transporte.
Rebajar a 30 días
La Unión Europea trabaja en aprobar un reglamento de lucha contra la morosidad en cualquier sector con el objetivo de reforzar la vigente regulación para proteger mejor a las pymes y mejorar la puntualidad en los pagos. Entre otros aspectos, la nueva norma rebajaría de 60 a 30 días el tiempo máximo para pagar.
En este sentido, la Comisión Europea lanzó en verano una encuesta dirigida a empresas y asociaciones con el objetivo de recabar opiniones y datos sobre el impacto de la morosidad en las transacciones comerciales, en la que han participado más de 3.000 encuestados quienes han informado sobre el impacto real que tienen los retrasos en los pagos en el funcionamiento y sostenibilidad del tejido empresarial en los diferentes países de la UE, y cuyos resultados más relevantes han sido que un 73% de los encuestados consideran la morosidad un problema grave, de tal forma que a un 40% les obliga a reducir sus inversiones y su crecimiento empresarial, que el 39% tiene que recurrir a financiación bancaria para cubrir sus desajustes de tesorería motivados por los retrasos en los pagos, y que incluso un 30% ven peligrar su propia supervivencia empresarial.